El Ministro de Salud de la provincia de Mendoza presentó una campaña en conjunto con Massalin Particulares y Nobleza Piccardo y declaró públicamente que existe un acuerdo para frenar políticas fiscales a los cigarrillos en su provincia.
El programa presentado en el ministerio provincial ya fue
implementado por la industria tabacalera en numerosos países y en varias
jurisdicciones de la Argentina en las últimas décadas. Su verdadero objetivo,
de acuerdo a los propios documentos internos de las tabacaleras, es impedir que
se promulguen leyes eficaces para el control de tabaco, crear aliados para
consolidar la influencia en ámbitos de gobierno y mejorar su imagen pública.
Las declaraciones de Matías Roby, Ministro de Salud de la
provincia, a los periodistas que asistieron a la presentación de la campaña
demuestran que hay otros objetivos detrás de la supuesta intención de prevenir
el consumo de tabaco en jóvenes. Según sus propias palabras, se llegó a un
acuerdo con la industria tabacalera para no avanzar con la legislación de
impuestos al tabaco: “En algún momento había un proyecto que tenía que ver con
gravar los cigarrillos. Este fue uno de los temas que oportunamente tocamos en
una reunión con Massalin Particulares y Nobleza Picardo y acordamos justamente
evitar que este proyecto progresara”, señaló Roby.
El artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control de Tabaco
de la Organización Mundial de la Salud - tratado internacional de salud pública
ratificado por casi 180 países-, sostiene que deben protegerse las políticas de
salud pública de los intereses comerciales y otros intereses de la industria
tabacalera. El aumento de los impuestos a los cigarrillos – medida que busca
frenar la industria tabacalera a través de esta alianza con el ministerio
provincial- es la política más eficiente para reducir el consumo de tabaco. De
hecho, si hoy Argentina aplicara un aumento del 50% en el precio de venta de
los cigarrillos a nivel nacional, se reduciría el consumo en un 15% y se
evitarían 15.500 muertes por enfermedades cardiacas, 34.600 infartos y 11.900
accidentes cerebrovasculares, según estimaciones del Instituto de Efectividad
Clínica y Sanitaria (IECS).
“Si las autoridades de Mendoza quisieran reducir
significativamente el consumo de tabaco, en lugar de establecer acuerdos con la
industria tabacalera deberían hacer cumplir la ley vigente en la provincia y
avanzar con políticas de probada eficacia,
como las medidas fiscales -que reducen la asequibilidad de los cigarrillos- y
la prohibición completa de la publicidad de tabaco, incluida la exhibición de
los productos en los puntos de venta. Cuando un gobierno admite la influencia
de la industria tabacalera está protegiendo las ganancias de las
transnacionales del tabaco a costa de la vida y la salud de la población. Por
este motivo, vamos a solicitar una audiencia con el ministro para pedirle la
inmediata ruptura del convenio entre la provincia de Mendoza y la industria
tabacalera, ya que busca socavar las medidas eficaces de control de tabaco”,
sostuvo Verónica Schoj, directora ejecutiva de FIC Argentina.
A pesar de que en Argentina el tabaquismo es una adicción
que afecta a casi 9.000.000 de personas y produce más de 40.000 muertes por
año, durante la presentación de la campaña, el ministro declaró que uno de los
objetivos de la iniciativa es “reforzar a nivel familiar la figura del fumador
responsable”. En este contexto, las ONGs que emiten este comunicado consideran
de gravedad estas declaraciones ya que sugieren que sería posible consumir
tabaco “responsablemente”.
“Existe abundante evidencia que muestra que después de los
primeros 5 cigarrillos, los jóvenes ya tienen signos de adicción al tabaco y
que no existe un nivel seguro de consumo. El consumo de tabaco, por mínimo que
sea, genera graves enfermedades que provocan discapacidad y muerte. Resulta
inadmisible que un ministro de salud hable de ‘consumo responsable’ de un
producto letal, que mata a la mitad de sus consumidores crónicos”, señaló
Ernesto Ruiz, coordinador nacional de ALIAR, red de más de 100 organizaciones
de la sociedad civil que trabajan para la promoción de legislación de control
de tabaco.
