La
Red PAR Salta quiere expresar su más profundo malestar y preocupación
por la crónica titulada “Decidió fugarse de su casa tras ser sometida a
torturas por su marido”, publicada el lunes 25 de septiembre en la
edición del diario El Tribuno de Salta, firmada por José Álvarez.
Enumeramos algunas de las razones que nos motivan a expresarnos en este sentido:
a) Es
irresponsable citar el nombre y apellido de la víctima porque la coloca
en riesgo potencial y, de esta manera, también transgrede las normas
legales y decálogos sobre el tratamiento periodístico de la violencia
contra las mujeres.
b) A
la vez, se dan datos personales que pueden perjudicar tanto a la
víctima como a sus familiares directos, haciendo públicas cuestiones de
índole privada, extremadamente traumáticas para cada unx de ellxs.
c) Se deja entrever que podría haber un ‘motivo’ reproduciendo rumores aunque ellos se adjudican al agresor.
d) El
relato enumera, clasifica y describe minuciosamente, de un modo
truculento, el tipo de vejámenes que la víctima sufrió por parte del
agresor, los cuales –cabe aclarar- son de extremo sadismo.
e) Por
lo mismo, la crónica funciona como una especie de ‘manual de la tortura
machista’ con lo cual se logra instaurar una pedagogía de la crueldad
capaz de lograr la reproducción de estas prácticas delictivas y
deleznables por parte de otros hombres que puedan ‘entender y
expresar(se)’ en este tipo de lenguaje violento y escribir estos
mensajes de muerte sobre los cuerpos de las mujeres que constituyen un
grado extremo de violencia patriarcal.
f) El
medio actúa como un caja de resonancia, revictimizando a la mujer
violentada y colabora tanto con la reproducción mencionada como con su
naturalización, lo que es particularmente grave en una provincia que
tiene un promedio de dos femicidios por mes, número que crece año a año y
que este año casi está duplicando al anterior.
g) Se
trata de una cobertura que no respeta ni la ética ni la calidad
periodística; tampoco responde a las recomendaciones de numerosos
organismos y asociaciones de género tales como la misma Red Par en su
‘Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las
mujeres’.
Por
otra parte, la crónica pone en evidencia la estrecha relación entre el
periodismo y la fuente policial, en este caso el Servicio Penitenciario
de la Provincia de Salta, ya que la denuncia se realizó el día domingo
24 en la Alcaidía N° 1, a cargo de Daniel Esteban Guaimás, bajo secreto
de sumario. Sin embargo, se trasladó esta información a la prensa sin
ningún tipo de consideración ni por la víctima ni por las leyes, tales
como la 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales”, específicamente en lo
referido a las violencias simbólica y mediática; y la 26.522 de
“Servicios de Comunicación Audiovisual” en lo que respecta a la defensa
de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos.
La
responsabilidad institucional sobre los datos y la vida privada de las
víctimas también merecen ser señaladas en esta situación ya que los
poderes públicos deberían garantizar la integridad de las personas. La
institución debería brindar capacitación a su personal para evitar este
tipo de ‘filtraciones’ que perjudican a quienes confían en las
autoridades para realizar las denuncias pertinentes.
Para
nosotrxs, la libertad de expresión no está reñida ni con el respeto a
las leyes ni a las normas éticas y, menos aún, cuando se trata de
abordar temas vinculados con mujeres en situación de extrema
vulnerabilidad. Como periodistas, comunicadorxs y docentes valoramos las
coberturas serias y responsables de este tipo de hechos ya que no sólo
informan a la ciudadanía sino que la forman en prácticas de equidad,
desmontando el patriarcado y favoreciendo la construcción de una
sociedad democrática, a la vez que se apuesta a una pedagogía de la
esperanza.
